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UE / Nuevos pasos hacia la armonización fiscal

Publicado el 16/07/2020

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La Comisión Europea ha presentado un plan de reforma fiscal con el que pretende alcanzar la equidad tributaria, luchar contra el abuso fiscal y acabar con las prácticas de competencia desleal dentro de la UE. Además, también se pretende que aquellas propuestas que tengan que ver con la introducción o modificación de impuestos se puedan aprobar mediando mayoría cualificada, en vez de por unanimidad, como hasta ahora, aunque después, como siempre, deben ser ratificadas en el Parlamento Europeo. Estas iniciativas cobran especial relevancia en un momento como el actual, cuando se están estudiando nuevas vías para financiar el fondo de recuperación post-Covid, que todavía se está discutiendo y que, inicialmente, se plantea en 750.000 millones de euros.

Uno de los puntos de mayor fricción en los debates en el seno de la UE tiene que ver con la fiscalidad. La variedad de regímenes fiscales en el seno de la Unión, la defensa de los mismos por parte de los gobiernos nacionales, que no quieren ceder su soberanía en este aspecto, y la exigencia de que cualquier reforma se deba aprobar por unanimidad, han hecho muy difícil llegar a cualquier tipo de acuerdo en el pasado.

Esta realidad se ha puesto de manifiesto en los últimos meses cuando se han ido rechazando todas las propuestas para subir impuestos o crear nuevos con el propósito de financiar el fondo de recuperación para paliar los daños provocados por la pandemia y que, en principio, podría ascender a unos 750.000 millones de euros. El diseño y aprobación de este fondo de recuperación ha sido, y es, uno de los temas más importantes de la actualidad política y económica de la UE. De hecho, esta semana es clave ya que se pretendía que el 17 de julio ya hubiera un acuerdo sobre dicho fondo.

Sin embargo, todavía no hay un acercamiento de posturas entre aquellos países más afectados por Covid-19 (con Italia y España a la cabeza) que defienden una mayor proporción de subvenciones sin condicionalidad y el grupo de los 4 frugales (Austria, Países Bajos, Dinamarca y Suecia) que siguen defendiendo una menor cuantía del fondo total y, además, que el reparto de ayudas se haga, mayoritariamente, mediante créditos sujetos a condicionalidad. Incluso la canciller Merkel, una de las grandes impulsoras de la creación de un fondo de recuperación europeo junto con Macron, ha reconocido que todavía es pronto para llegar a un acuerdo y que, previsiblemente, habrá que esperar hasta después del verano.

Que no se llegue a un acuerdo total este fin de semana no debe ser interpretado, necesariamente, como un factor negativo, ya que resultará más relevante comprobar si, finalmente, se llega a un acuerdo de mínimos que permita diseñar un fondo que "contente" a todos los socios. Por ello, sería positivo que se alcanzara cierto consenso a la hora de plantear un plan "intermedio": podría presentarse una alternativa que presentase un fondo por unos 500.000/600.000 millones de euros, correspondiendo la mitad a préstamos sujetos a cierta condicionalidad, que podrían transformarse en subvenciones si los países van cumpliendo las condiciones de reformas y cambios impuestos cuando se concedieron. Con esto se lograría un equilibrio tocando un poco todas las grandes piezas del programa para contentar a todas las partes: ciertos cambios en cuanto al volumen del programa (rebaja), en cuanto al reparto de créditos y subvenciones (mayor peso de los créditos respecto a la propuesta actual de la CE de 1/3 de créditos y 2/3 de subvenciones) e introducir un grado asumible y sensato de condicionalidad (la propuesta de la CE solo incluye recomendaciones).

Un nuevo marco fiscal para una nueva era

La Comisión Europea (CE) acaba de presentar una propuesta con la que se pretende, simplificar el sistema impositivo de la UE y hacerlo más justo, al tiempo que se asegura una mayor recaudación para financiar las medidas de estímulo diseñadas por la UE para asegurar la recuperación de las economías en el corto plazo y sostener el crecimiento a largo plazo. De hecho, se estima que, bajo el marco fiscal actual, la UE pierde casi 35.000 millones de euros al año en la recaudación por el impuesto de sociedades.

Este tema cobra una especial relevancia tras conocerse que el Tribunal General de la UE ha fallado a favor de Irlanda y la multinacional Apple y en contra de la decisión de la CE de exigir a Apple que devolviera casi 13.000 millones en concepto de impuestos atrasados.

El caso se remonta a 2016, cuando la CE acusó a Irlanda de haber alcanzado un acuerdo con Apple que permitió a la compañía declarar en el país todos los ingresos obtenidos en toda Europa y que, gracias al cual, redujo casi a cero la factura fiscal de la compañía: Irlanda empezó aplicando un impuesto del 1,0% en 2003, para reducirse hasta el 0,005% en 2014, pese a que el impuesto de sociedades era del 12,5%.

El Tribunal establece que la CE no ha podido demostrar que existió una "ventaja a los efectos del artículo 107 del Tratado de Funcionamiento de la UE", que fija que las ayudas de Estado son incompatibles con el mercado interior si falsean la competencia favoreciendo a determinadas empresas.

Con la reforma propuesta, la CE quiere acabar con estos malentendidos y dar un impulso a la equidad fiscal, intensificando la lucha contra los abusos y la evasión, frenando las prácticas de competencia desleal y aumentando la transparencia. Además, ser pretende simplificar las normas y procedimiento fiscales, de modo que a las empresas les resulte más sencillo expandirse y crecer en el marco del Mercado Único.

El paquete presentado se articula en torno a tres pilares.

El Plan de Acción Fiscal. Recoge 25 acciones distintas para que la tributación sea más simple, más justa y mejor adaptada a "los tiempos modernos": se ayudará a los países UE a aprovechar el potencial de los datos y las nuevas tecnologías, para luchar mejor contra el fraude fiscal, mejorar cumplimiento y reducir las cargas administrativas.

Propuesta para modificar la Directiva sobre cooperación administrativa (CAD 7). Se busca ampliar las normas de transparencia fiscal de la UE a plataformas digitales, para que las ganancias obtenidas a través de la venta de bienes o servicios on-line tributen la parte que les corresponda. Para ello, los Estados miembros deberán intercambiarán automáticamente información sobre los ingresos generados en estas plataformas digitales. De este modo, las autoridades nacionales determinan las situaciones en las que deben pagarse impuestos, al tiempo que se reduce la carga administrativa que recae sobre las websites, que tienen que presentar informes diferentes para ajustarse a los requisitos nacionales.

Reforma del Código de Conducta sobre fiscalidad a empresas. Los Estados miembros examinan entre sí los regímenes fiscales de los demás Estados en el marco de las normas establecidas en este Código. La CE propone reformar este Código para asegurarse de que todo se ajusta a los principios de la competencia fiscal leal y se eviten las prácticas fiscales perjudiciales dentro de la UE. Este punto es especialmente "delicado" para países como Irlanda, Bélgica, Holanda y Malta que aplican una tributación muy ventajosa para las empresas, lo que prácticamente les convierte en "paraísos fiscales" dentro de la UE. Además, se pondría en marcha un nuevo instrumento para alentar a los países no UE a que se adhieran a las normas de buena gobernanza fiscal acordadas en el marco de la UE, al tiempo que se revisará cómo se elabora la lista de países no UE considerados "paraísos fiscales": ampliará la cobertura geográfica y revisará los criterios que deben cumplir.

El paquete de reformas presentado supone el primer paso para la elaboración de un marco fiscal para el conjunto de la UE en los próximos años. Asimismo, la CE se adaptará a los nuevos tiempos y trabajará en nuevo enfoque de fiscalidad que aborde los desafíos que implica la economía digital y que asegure que todas las multinacionales paguen la parte que les corresponde. Esta reforma fiscal se enmarca también en el contexto del Green Deal y la CE hará las propuestas necesarias para que la fiscalidad apoye el objetivo de que la UE logre emisiones cero en 2050. Además, todo este impulso coincide con la creación de una nueva subcomisión permanente en el Parlamento Europeo, centrada en la lucha contra la evasión fiscal y los arreglos tributarios.

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