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Después de los esbozos de semanas anteriores, la Comisión Europea aprobó un ambicioso plan de recuperación que, tanto por el volumen de fondos comprometidos (750.000 millones de euros, lo que representa un 5,4% del PIB UE), como por su esquema de financiación (emisiones de deuda a largo plazo pagadas con tributos europeos), como por el método de reparto (parte subsidios, parte préstamos) constituye no sólo un importante avance en el diseño de la red de seguridad europea para afrontar la crisis, sino también una buena hoja de ruta para afrontar los desafíos estratégicos que desafiará la región en la próxima década. Ya el nombre del programa (Next Generation UE) refleja algo tan importante como que uno de los objetivos del proyecto europeo debería ser centrar los esfuerzos de política económica en las generaciones más jóvenes, duramente golpeadas por dos crisis muy intensas en poco más de una década. Los cálculos de la Comisión es que todos los planes que se han puesto encima de la mesa más el marco financiero plurianual podrían tener una potencia de fuego de 3,1 billones de euros, con la implicación de la iniciativa privada.

La decisión del Tribunal Constitucional alemán, considerando que el BCE podría haberse extralimitado en la ejecución del programa de compra de deuda pública PSPP lanzado en 2015, pone de manifiesto que el diseño en Europa de respuestas de política económica a la crisis sanitaria va a estar sometido a numerosas tensiones. Además, el conflicto latente, desde la última crisis, entre en el norte y el sur dista de estar cerrado, aunque la naturaleza del “shock” actual demande un marco de análisis muy diferente para abordar las necesidades de corto y medio plazo.

Las estimaciones iniciales del PIB del primer trimestre confirman que los efectos de la crisis sanitaria sobre la actividad económica van a ser muy pronunciados en los momentos de confinamiento.

La semana nos ha servido para constatar la enorme fragilidad que sigue presidiendo la situación económica y el riesgo de que la inestabilidad financiera pueda, en algún momento, amplificar los efectos de la crisis sanitaria.

El impacto de la pandemia del coronavirus sobre la economía mundial será brutal: el FMI estima que el PIB global en 2020-21 será unos 9 billones de dólares inferior al que hubiera alcanzado en ausencia del virus; una pérdida superior al tamaño conjunto de las economías de Alemania y Japón. Las previsiones que presenta se elaboran bajo el supuesto de que la epidemia comienza a remitir claramente en la segunda mitad de 2020 y que las medidas de “cuarentena” impuestas vayan levantando gradualmente. No obstante, la incertidumbre que rodea este escenario es muy elevada y no pueden descartarse ajustes a la baja adicionales.

La actuación de las autoridades económicas es clave para que, una vez se supere la actual crisis sanitaria, la recuperación de la actividad se produzca con mayor prontitud, con el mayor vigor posible y sea sostenible en el tiempo. En este sentido, el BCE ha adoptado medidas atrevidas con el fin de que la crisis de liquidez no se convierta en una crisis de solvencia que acabe destruyendo una parte importante del tejido productivo y ocasione una pérdida permanente de empleo. Le preocupa, especialmente, que los mecanismos de transmisión de la política monetaria a la economía funcionen adecuadamente.

Durante la última semana se han disipado las escasas dudas que todavía existían sobre la intensidad que tendrá la pandemia sanitaria sobre la economía, una vez que China empezó a publicar datos de actividad de los dos primeros meses del año.